Comentario en nota de prensa en El Mercurio:
La doctora en Derecho y especialista en Derecho administrativo, Rosa Gómez, señala que "la grabación no autorizada de conversaciones podría ser considerada una falta administrativa, actuación que podría estimarse contraria a las obligaciones que debe observar todo funcionano publico tales como guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales, o afectar el principio de probidad".
Asimismo, plantea que la situación es particularmente delicada no solo por sus consecuencias internas (al exponer a la ministra) sino también por los alcances en las relaciones internacionales".