¿Es posible la neutralidad ética y religiosa del Estado?

Desde muy antiguo ha sido asumido que el bien de la persona y de la sociedad política no se distinguen como realidades sustantivamente diversas, sino como el de una parte y el del todo al que ella pertenece. Por eso, también, siempre ha sido una premisa para entender el orden humano personal y social que la ley, cuando manda hacer actos buenos para lograr el bien de la comunidad, es causa no sólo del bien colectivo de la polis, sino también del bien personal de quien los realiza. La relativa identidad de bien político y bien personal permitiría decir lo mismo a la inversa: la ley, cuando manda hacer actos para que las personas sean buenas, causa también el bien de la polis.
Piénsese, por ejemplo, en el muy conocido caso de Antígona cuando reclama el derecho a cumplir su deber de enterrar a su hermano muerto, oponiéndose al decreto de Creonte que lo prohíbe. Para esto, alude a leyes no escritas provenientes de los dioses, que prevalecen sobre las leyes y decretos humanos. Esas leyes procuran el bien y la honra del muerto y, de esa manera, velan al mismo tiempo por el bien de la ciudad. Si el decreto de Creonte viola la honra del muerto, entonces también quebranta el bien de la ciudad.
El cumplimiento de las leyes justas, cuyo objeto es el bien común, hace justas y buenas a las personas. Por eso, Antígona reprocha a su hermana Ismene su rechazo a participar en el entierro y le dice: «Sé tu como te parezca. Yo lo enterraré. Antígona está convencida que tanto el carácter moral de su hermana como el suyo propio dependen de la sujeción o no a las leyes.