Concurso de infracciones administrativas: la determinación de la sanción

Las Leyes N° 20.417, de 2010, y 20.600, de 2012, han instaurado la nueva institucionalidad ambiental en nuestro país, la cual pretende proveer de una organización administrativa a la altura de los desafíos que la sociedad actual demanda . El establecimiento de una entidad fiscalizadora especializada en temas ambientales como la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, SMA) y la creación de una judicatura ad hoc, constituyen un conjunto de herramientas que permiten enfrentar los conflictos que se dan en este escenario.
El fallo que a continuación se analiza es uno de los primeros emitidos por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (en adelante, el Tribunal), el cual recae sobre la impugnación de una resolución emitida por la SMA. En dicha resolución, el Tribunal efectúa un acabado análisis del acto objetado, invocando relevantes cuestiones que denuncian la falta de una regulación adecuada de un procedimiento administrativo sancionatorio, incorporando, al mismo tiempo, elementos al debate sobre la materia, como lo es la “procedencia” para aplicar principios e instituciones del orden penal al Derecho Sancionador Administrativo, en especial las que dicen relación con la determinación de la sanción y su quantum.