Access to environmental informacion in Chile

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

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Abstract

The article provides a review on some issues related to public access to environmental information in Chile. It begins with analyzing the notions of public information and environment, and their interpretation in the case law of the Chilean Council for Transparency and in the teachings of leading authors; in addition, it identifies the kind of information which is most frequently the subject of a complaint before the Council. Next, it deals with the bodies and organizations that are obliged to provide access to environmental information. Finally, it concludes by reviewing the cases of refusal to give access, which can be divided into two main groups: those based on the grounds of refusal mentioned in the legislation and those arising from factors other than the aforesaid causes (e.g. delay). The aim of the article is to identify the most relevant points of the national legislation and case law regarding access to environmental information, in order to draw some parallels and identify the most relevant differences that exist between the Chilean legal system and comparative or international law.

Translated title of the contributionAccess to environmental informacion in Chile
Original languageSpanish
Pages (from-to)11-39
Number of pages29
JournalVeredas do Direito
Volume16
Issue number34
DOIs
StatePublished - 2019

Bibliographical note

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El artículo desarrolla un estudio sobre algunos temas relacionados con el acceso a la información ambiental en Chile. Parte con analizar las nociones de información pública y medio ambiente, y su interpretación en la juris-prudencia del Consejo para la Transparencia chileno y en la doctrina; ade-

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Cuanto a las empresas con participación estatal, en virtud del inciso 3° de la disposición aludida, sólo las disposiciones que así expresa-mente lo señalan se aplican a las empresas públicas creadas por ley, a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación ac-cionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. De lo anterior se con-cluye que, entre otras cosas, la competencia del CplT para conocer de los amparos por denegación no se extiende a dichos actores39, entre los cuales, por su relevancia en el sector ambiental, cabe mencionar la Corporación Nacional del Cobre de Chile40, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)41 y la Empresa de Ferrocarriles del Estado42 (RAJEVIC, 2009, p. 37).

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limitar a indicar dónde se encuentra la información62. De todas maneras, la divergencia se reduce gracias a la interpretación del Consejo, el cual considera que para efectos de aplicar el artículo 15 es necesario que toda la información solicitada se encuentre a disposición del público, de forma oportuna y sin necesidad de elaboración ulterior. En campo ambiental la consideración anterior es particularmente relevante, porque existen varios bancos de datos y registros online (por ejemplo, la página web del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes63, la del Servicio de Evaluación Ambiental64 y del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental65, entre otros), pero la información no puede considerarse entregada si el solicitante, para conseguir exactamente el objeto de su búsqueda, debe procesar los datos a disposición (por ejemplo elaborar un ranking de las 10 empresas por cada región de Chile que más CO2 han emitido durante distintos años)66.

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67 Artículo 18, inciso 1°, Ley N° 20.285. 68 CplT, Rol N° A234-09. 69 Ver, inter alia, CplT, Roles N° C764-11 y N° C3033-16. Ver también ALIAGA 2015, p. 24. 70 El Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) se aplicó a partir del año 2010. Para profundizar ver ROJAS. 71 Un estudio de monitoreo realizado sobre el acceso a la información en cuatro países latinoamer-icanos (Argentina, Chile, México y Perú) realizado en el año 2004 (antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.285) por la Open Society Justice Initiative señalaba que el grado de silencio de las autoridades iba desde un nivel aceptable del 21% en México a un preocupante 69% en Chile; DAR-BISHIRE, 2006, p. 270.

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Asimismo, destacamos el desfase entre el precepto constitucio-nal del artículo 8 CPR y la definición de información pública contenida en el artículo 5 de la Ley N° 20.285, sobre todo a la luz de la interpretación que de esta última disposición ha dado el CplT. Esta discrepancia influye no solo en el alcance de la noción de información pública (y como con-secuencia de información ambiental), sino también repercute en la identi-ficación de los sujetos cuyos antecedentes, datos, documentos pueden ser divulgados. Como se ha señalado, las personas privadas en general no es-tán sujetas a la Ley de Transparencia; sin embargo, acogiendo la línea del Consejo, también las autoridades administrativas debieran entregar cuanto menos algunas categorías de informaciones de naturaleza y proveniencia privada que están en su poder. Se trata de una divergencia que puede ser sanada solo a través una reforma del texto constitucional o una interpretación restrictiva, pero fiel a la Constitución, de la disposición legal. La primera solución requiere tiempo y estudio, la segunda tiene la desventaja de empobrecer la normati-va chilena en materia de acceso a la información ambiental, sobre todo en comparación con la legislación internacional en materia. Efectivamente, la tendencia en los textos internacionales es la de considerar pública la infor-mación elaborada y entregadas por privados a la Administración, cuanto menos esos antecedentes que son funcionales para el ejercicio de las dis-tintas potestades pública (aprobación, fiscalización y sanción in primis), como sostiene en Chile también la jurisprudencia ahora predominante del Consejo para la Transparencia.

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